El Instituto de Recursos Mundiales México (WRI por sus siglas en inglés), en su calidad de secretaría técnica de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), y con el apoyo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), llevaron a cabo un ejercicio de análisis para dimensionar el impacto social, económico y financiero de la emergencia sanitaria en el sector.
La organización emitió un boletín donde se estiman los impactos de la pandemia, calculados a partir de datos aportados por algunas autoridades de movilidad. Esto permitió contar con una muestra de información de ciudades mexicanas de 13 estados de diferentes regiones del país, tamaños y características de sus sistemas de transporte público colectivo.
WRI México informa que, el transporte público colectivo es el medio que utiliza cerca del 40 por ciento de mexicanas y mexicanos (50 millones de personas), del cual dependen más de 160 mil empleos (principalmente de conductores de unidades de transporte), y que representa la actividad económica de personas físicas, pequeños y medianos empresarios y cooperativas, las cuales se estima que constituyen el 75 por ciento de la organización del sector.
De la muestra colectada, se estima que el 38 por ciento de las personas que han cambiado su modo de transporte durante la emergencia sanitaria ha aumentado su gasto en el doble o más del doble, lo que afecta el ingreso disponible de la población que necesita realizar desplazamientos para la atención de sus necesidades básicas e incrementa su vulnerabilidad ante la emergencia.
Al momento, se estima una reducción del 60 por ciento en la demanda, lo que se traduce en menores ingresos y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio. Se han efectuado acciones como ajustes en días y horarios de servicio como una herramienta para reducir costos de operación, sin embargo, al momento se estima que estos ahorros no superan el 25 por ciento de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio.
Se prevé que, en los tres meses y medio que podría durar la emergencia sanitaria, las pérdidas alcanzarán hasta el 40 por ciento del ingreso habitual en ese periodo, lo que representa una pérdida acumulada de 9 mil 800 millones de pesos a nivel nacional, lo que pone en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad del propio sistema.
El segundo componente en riesgo es el total de puestos de trabajo relacionados con el sector. Se calcula que, en promedio, el sector emplea a 1.5 conductores por cada vehículo en operación, y que existe un 40 por ciento adicional de otros puestos de trabajo asociados al sector. A nivel nacional, comparando el dato obtenido en el análisis sobre los empleos del transporte colectivo urbano y suburbano, estos superan 3.5 veces los empleos acumulados del transporte aéreo, marítimo y de ferrocarril, reportados por el INEGI.
El tercer componente en riesgo es el retroceso en los procesos de modernización del transporte. El 75 por ciento del sector se organiza en esquemas de personas físicas, pequeñas y medianas empresas o cooperativas, altamente sensibles a la disminución de ingresos y los compromisos de pago de capital, que representa el 20 por ciento de sus costos totales. El 40 por ciento de las unidades de transporte que operan en las ciudades encuestadas continúa siendo sujeta al pago de créditos, por lo que la falta de liquidez condiciona el cumplimiento de sus obligaciones.
En este escenario, WRI México recomienda llevar a cabo las siguientes acciones:
1.-Reconocer al transporte público colectivo como un componente esencial para la superación nacional del impacto de la crisis sanitaria, así como sus dimensiones sociales y económicas. Se requiere una visión de Estado, una intervención conjunta con el liderazgo del gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales.
2.- Priorizar el diseño y la implementación de medidas que brinden seguridad laboral a las personas trabajadoras del sector.
3.- Asignar fondos de emergencia entregados a través de mecanismos transparentes y eficientes, que aporten a la sostenibilidad financiera y operativa de largo plazo.
4.- Diseñar esquemas de apoyo federal que contribuyan a la reactivación financiera, económica y social del transporte público, que consideren las necesidades de las distintas ciudades y los diferentes tipos de modelos de operación de transporte público colectivo, siendo los más importantes por su participación en el sector el modelo hombre-camión, el modelo de cooperativas y las pequeñas empresas.
- Priorizar la aplicación de recursos en sistemas que cuenten con mecanismos de ejecución transparentes y eficientes para la aplicación de los recursos de emergencia, como son las cuentas concentradoras de recursos, los sistemas de recaudo, las tarjetas personalizadas para estudiantes y personas de la tercera edad.
- Prever la recuperación del sector, tomando en cuenta no sólo la compensación de las pérdidas sino la inversión que reactive su transformación y mejora.
- Establecer esquemas legales e institucionales futuros que prevean la ocurrencia de contingencias y otras emergencias.
Fuente: WRI México